Es un hecho que cuando se atenta contra la naturaleza, las consecuencias suelen ir más allá de lo ambiental; la destrucción de nuestro entorno trae consigo impactos económicos y sociales de gran importancia. Un claro ejemplo de esta situación lo podemos ver en la depredación de los manglares.
Se trata de ecosistemas que tienen una especial relevancia, ya que son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de muchas especies de flora y fauna. No sólo nos protegen de los huracanes, porque son una barrera natural contra estos fenómenos, sino también tienen una gran importancia económica, ya que una hectárea genera recursos del orden de medio millón de pesos en productos pesqueros.
Por si fuera poco, son un sistema natural de control de huracanes y erosiones, además de que mejoran la calidad del agua al funcionar como filtros biológicos.
Estoy seguro de que, hasta aquí, a nadie en su sano juicio le queda duda sobre la imperiosa necesidad de protegerlos, conservarlos y ampliar su extensión.
Sin embargo, la tarea no es fácil; sobre todo cuando aún la protección al ambiente no parece ser una idea 100 por ciento firme y arraigada en la conciencia de todos los mexicanos. Cuando aún hay quienes inclinan la balanza en favor de otros intereses, antes que cuidar y conservar nuestro entorno.
Es verdad que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente surge con la finalidad de atender y controlar el deterioro ambiental tanto en las ciudades como en los bosques, las selvas, costas y desiertos de México. Y que entre sus objetivos estratégicos se encuentra el contener la afectación de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental.
No obstante, la protección de los manglares, en particular, es una labor que requiere de la participación de los tres niveles de gobierno. Sólo con la coadyuvancia de los estados y los municipios, para que nos apoyen en la vigilancia y reporten cualquier afectación de este preciado ecosistema en sus territorios, y del gobierno federal, a través de la Profepa, para aplicar todo el peso de la ley contra los infractores, estaremos en el camino de su conservación.
De acuerdo con el Inventario Nacional de manglares de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México cuenta con más de 770 mil hectáreas de manglares, las cuales tan sólo en producción pesquera tienen un potencial para generar más de 360 mil millones de pesos, sin olvidar que la protección que proveen evita daños muy costosos a las zonas habitacionales que se establecieron destruyendo manglar.
Por otro lado, 30 sitios cubiertos de manglar están inscritos en la Convención Ramsar, un tratado internacional para la protección de los humedales, lo cual obliga a nuestro país a llevar a cabo programas de conservación y ampliación de la superficie de estas áreas.
Aquí predominan cuatro especies de mangle: rojo, blanco, negro y botoncillo, todas ellas protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-022-Semarnat-2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de zonas de manglar.
El pasado mes de marzo, en la Profepa pusimos en marcha la Estrategia de Inspección y Vigilancia en Ecosistemas de Manglar en las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias, cuyo propósito es que a través de la inspección, vigilancia, instauración de procedimientos administrativos y aplicación de sanciones, logremos controlar la pérdida de tan valioso ecosistema.
No cabe duda, proteger y conservar los manglares es una cuestión de seguridad nacional pues, como ya dijimos, son fundamentales para contener el embate de los huracanes y ofrecen una gran cantidad de servicios ambientales a millones de mexicanos.
La naturaleza es sabia, quizá ningún poder humano hubiera sido capaz de crear un ecosistema tan perfecto y benéfico, hagamos todos algo para su conservación.
El autor es procurador federal de Protección al Ambiente.
